Tras la investigación de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre, determinó que hubo detenciones arbitrarias de la policía y que “la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas”.
La Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, señaló que los desordenes “tuvieron un alto costo humano». «Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas», mientras que los manifestantes «no han de recurrir a la violencia».
Según un comunicado de la Oficina de los Derechos humanos de la ONU, hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, “muchos de ellos arbitrariamente”, informó la agencia internacional EFE.
